LolaMora, Juba, 25 de marzo 2014
“En mucho lugares, la gente ha sido reducida a la dependencia más absoluta, socavando su orgullo y dignidad”, concluye el informe interno de la Comisión de Derechos Humanos sobre el conflicto interno en Sudán del Sur, entre el 15 de diciembre 2013 y el 15 de marzo 2014.
El conflicto armado en Sudán del Sur, concentrado en la franja petrolera que comprende los estados Unity, Upper Nile (Alto Nilo) y Jonglei, está provocando niveles extremos de desnutrición, con riesgo de hambruna en los próximos meses. La falta de asistencia médica adecuada es crítica en el caso de mujeres embarazadas y la ausencia de escuelas en los campos de refugio y en áreas afectadas por la guerra retrasa la recuperación psicológica y emocional para los más pequeños. El Programa Mundial de Alimentos comenzó distribuciones de ayuda lanzada desde aviones.
La ONU en la mira del gobierno
La guerra estalló en la capital del país, Juba, hace tres meses y medio y “está causando la muerte y el desplazamiento de cientos de miles de personas”, en palabras del coordinador de la Ayuda Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA), Toby Lanzer, quien se queja de que apenas han recibido el 24% de los fondos solicitados para el trimestre enero-marzo; el país hubiera necesitado para este periodo 166 millones de dólares más. Japón acaba de desembolsar cerca de medio millón de dólares en utensilios para los campos de refugiados y Estados Unidos, 83.
Eran las dos de la tarde y Patrick esperaba su turno para recibir la vacuna contra el cólera, necesaria cuando llegan las lluvias torrenciales, cuando las condiciones de higiene son pésimas y cuando hay hacinamiento, como en el caso de Tomping, uno de los campamentos de desplazados de UNMISS en Juba, que alberga a más de 20.000 personas. Era el 17 de marzo y Patrick Tor Galoak, cumplía tres meses viviendo en Tomping, prácticamente sin hacer nada. “La gente en general no quiere salir del campo porque no hay garantías para nuestra seguridad. A veces durante el día algunos salen pero por la tarde regresan”. Patrick, llegó a las puertas de UNMISS huyendo de la persecución contra los nuer los días posteriores al 15 de diciembre. La campaña de vacunación contra el cólera es una medida preventiva. Los camiones de ONU excavan para hacer nuevas letrinas, se habilitan espacios para dormir, y se trasladan familias y personas a otro campamento también bajo supervisión de la ONU. Patrick dice que “la situación no es buena, simplemente la manejamos, pero vivimos hacinados y las peleas por el espacio suceden”.
Naciones Unidas estima que casi cuatro millones de personas dependen de ayuda externa; los desplazamientos masivos por la violencia no han permitido a las familias cultivar sus tierras, ahora ya es tarde y las lluvias están encima. La distribución de alimentos y otros enseres se ha complicado en el último mes: “Estamos enfrentando numerosas restricciones de movimiento en las últimas semanas, hay muchos puntos de control o check points en las carreteras que impiden una distribución rápida de la ayuda. Además estamos contra el tiempo porque las lluvias están llegando; en un mes y medio será imposible viajar por tierra. La ayuda que no podamos hacer llegar en camiones ahora será entregada en aviones, pero los costos operacionales son muchísimo más altos. Y cuanto más dinero tengamos que invertir en transporte menos habrá para comida u otras necesidades”, es la advertencia que recientemente hacía John Ging, Director General de OCHA, en alusión a los registros que hace el ejército de los camiones de la Misión de la ONU en el país (UNMISS).
Desde hace aproximadamente un mes, el gobierno del Presidente de la República y del partido en el poder, Movimiento para la Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM), Salva Kiir, inició una campaña política de descrédito de UNMISS, con fuertes críticas sobre sus procedimientos “colonizadores” y con acusaciones directas de estar entregando armas a los rebeldes. El caso se desató a mediados de marzo cuando se descubrió un cargamento de armas y municiones etiquetado como artículos generales, dentro de un vehículo que transportaba ayuda humanitaria de UNMISS a Bentiu, capital del estado Unity, una de las zonas en conflicto. Aunque hay una investigación de alto nivel en marcha, el deterioro de la imagen de UNMISS ha complicado las operaciones de entrega de ayuda en el interior del país a todas las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria.
Prioridades en tiempos de escasez
En este contexto de tensión diplomática, llegó a Juba una delegación de Directores de Emergencia de las oficinas de la ONU, en Roma y Nueva York para pedir a las partes beligerantes respetar el alto el fuego y no entorpecer más la entrega de ayuda. “Necesitamos que el gobierno facilite la entrega de ayuda humanitaria. En Bor (capital de Jonglei) no hay comida porque hay retrasos en la entrega. Es inaceptable porque la comida está almacenada aquí (Juba), solo tenemos que llevarla allí. Y necesitamos que los rebeldes apoyen nuestra acción humanitaria. Nuestra tarea es salvar vidas y no hay tiempo que perder”, dijo John Ging. Por su parte, el gobierno de Salva Kiir se comprometió públicamente a no ser un obstáculo, pero mantiene una actitud crítica frente al organismo internacional y todos los vehículos, incluidos los de UNMISS, son registrados en controles militares.
El Plan de Respuesta a la Crisis en Sudán del Sur, enero-marzo 2014, de OCHA, sigue los estándares internacionales. Hay previstas medidas especiales para atención en partos, apoyo para casos de violaciones y abusos sexuales y entrega de kit de higiene para mujeres desplazadas. Este plan tiene una intención clara de atender las necesidades específicas de las jóvenes y las mujeres, sin embargo el rubro Protección, bajo el que están estas acciones, apenas ha recibido 3.8 millones de dólares de los 63.4 solicitados a la comunidad de países donantes, lo cual significa que los servicios de atención psicosocial y los centros de atención a la Violencia de Género serán insuficientes.
En general, las organizaciones internacionales que hay ahora en el país coinciden en que proveer comida, agua potable y cuidados médicos básicos es la máxima prioridad en estas circunstancias. Por esta lógica, OCHA no cumplirá su plan de instalar siete centros de atención para casos de violencia de género en los campamentos de refugio para finales de marzo; en palabras de su coordinador, “ese era el plan, y podremos implementarlo al 100% si logramos el 100% de la ayuda económica que hemos pedido, sino tendremos que tomar decisiones difíciles”.
Por un lado, OCHA reconoce que deberá sacrificar ciertos servicios considerados necesarios en situación de conflicto y refugio, como los centros para la identificación y tratamiento de sobrevivientes de violencia de género; por el otro, se especula sobre situaciones que no se pueden comprobar porque no hay registro de necesidades, como en el caso de la mortalidad materna. El Director de Emergencia de la Organización Mundial para la Salud, Richard Brennan, aseguró en su paso por el país que Sudán del Sur había hecho algunos progresos para reducir la mortalidad materna pero que “el conflicto de diciembre ha puesto este progreso en riesgo y ahora más mujeres embarazadas van a enfrentar complicaciones, prevemos un aumento del número de cesáreas y estamos seguros de que la mortalidad materna volverá a aumentar”.
La realidad es que no hay estudios ni estadísticas que demuestren que la mortalidad materna comenzaba a disminuir antes del estallido del conflicto, en diciembre del año pasado. La única cifra disponible es del año 2006, cuando Sudán del Sur aún no se había independizado del norte. Según esa estadística 2.054 mujeres mueren por complicaciones en el embarazo o en el parto por cada 100.000, una de las tasas más altas de mortalidad materna del mundo.
Incertidumbre y tercera vía
El 15 de diciembre pasado, la tensión política entre el presidente del país, Salva Kiir y el segundo hombre fuerte, ex vicepresidente, y hoy líder de los rebeldes, Riek Machar, derivó en un enfrentamiento armado entre partidarios de uno y otro, tanto en las filas de las fuerzas armadas como en el ejecutivo y en la Asamblea Nacional. La fractura representa a las dos etnias predominantes en la historia reciente, los nuer y los dinka, aunque otros grupos, como los shilluk, también han sido objeto de asesinatos, robos y desplazamientos masivos en Upper Nile.
El número de muertos está estimado en 10.000 y de personas desplazadas por la violencia, en un millón. Las negociaciones de paz están estancadas desde hace unas semanas y ninguna parte ha respetado el alto el fuego. La incertidumbre sobre el desenlace final de esta guerra es general porque ninguno de los dos líderes, uno en el poder y el otro en la clandestinidad, expresa públicamente soluciones a mediano plazo.
Para analistas y activistas de derechos humanos una paz duradera pasa por crear un estado inclusivo, donde las disputas intercomunales, entre grupos étnicos y clanes por recursos como el agua, el pasto, el ganado o la tierra se zanjen según normas y diálogo; cuyo gobierno atienda las prioridades de toda la población. Cada vez más opiniones se expresan en favor de una tercera vía, la de tener un gobierno interino hasta 2015, año de elecciones generales, donde no estén presentes ni Salva Kiir ni Riek Machar. Mientras, los combates en ciertas regiones estratégicas del país continúan entre el Ejército para la Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA) y el SPLA en la oposición, como se conoce a los rebeldes de Marchar, y cuanto más se prolongue la guerra más asistencia humanitaria se requerirá y, por lo tanto, más se empobrecerá la población. La guerra debe parar.
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